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Un escenario en desarrollo que hace crujir los pilares democráticos
Una reciente investigación de La Nación, revela que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) elabora informes detallados sobre las actividades políticas de la oposición, los sindicatos y grupos de jubilados. El objetivo declarado: anticipar movimientos que, según el gobierno, podrían erosionar la confianza en sus políticas. Esta alarmante “práctica en democracia” reabre el debate sobre el uso del espionaje interno como herramienta de control político.
El poder de la SIDE, resucitada por decreto presidencial en julio de 2025, ha excedido las expectativas al trazar una radiografía exhaustiva de la supuesta disidencia interna. Lejos de limitarse a amenazas externas, el nuevo servicio produce reportes confidenciales que miran de cerca el accionar de líderes opositores, dirigentes sindicales y asociaciones de jubilados.
Un escenario en desarrollo que hace crujir los pilares democráticos
Según estos informes, que circulan en despachos reservados, se busca monitorear quiénes “erosionan la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios” o que propagan, de modo intencional o no, una percepción adversa sobre las políticas del Ejecutivo. Esta definición ambigua permite un alcance expansivo: desde gremios que reclaman mejoras hasta grupos de jubilados que denuncian recortes y demandas previsionales.
Resulta llamativo, y a la vez perturbador, que en la misma estrategia se incluya a sectores vulnerables. La SIDE ordena producir inteligencia política con foco en actores sociales, sindicatos y organizaciones de adultos mayores, bajo el argumento de que “fenómenos derivados de la pobreza o la desigualdad” podrían representar un riesgo para el “desarrollo integral” nacional. El lenguaje técnico, seco y distante, esconde una decisión política: vigilar organizaciones que históricamente han sido voz crítica frente al poder.
La señal es clara: el gobierno no tolera el cuestionamiento. La SIDE se convierte en un instrumento institucional al servicio del relato oficial, al detectar y documentar cualquier actividad considerada desestabilizadora. De este modo, se legitima la sospecha de que la Secretaría actúa más como policía política que como guardián de la seguridad nacional.
Desde la oposición y organizaciones de derechos humanos, los denunciantes advierten que esta inteligencia doméstica viola derechos civiles fundamentales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó de “ilegal” la producción de inteligencia política sobre quienes critican o cuestionan al presidente y su gestión. Se trata de una frontera peligrosamente difusa entre vigilancia estatal y persecución ideológica.
Ni siquiera los defensores del sistema se animan a desmentir el alcance del espionaje. Aunque el gobierno admitió la existencia del Plan de Inteligencia Nacional, negó que la SIDE persiga opositores o periodistas críticos. Esa ambigüedad es la herramienta más eficaz: oficialmente se le resta gravedad, pero en los hechos se despliegan mecanismos de control.
La SIDE, dependiente directa de la Casa Rosada y encabezada por hombres de confianza del presidente, acumula un poder discrecional que escapa al control legislativo. Con fondos reservados, decretos presidenciales y departamentos internos que operan en secreto, el aparato no revela sus criterios ni protocolos, y actúa bajo el manto de la discreción. Todo esto en nombre de la seguridad y el orden público.
Esencialmente, estamos ante un espionaje silencioso que va más allá de los clásicos casos de inteligencia: apunta a grupos sociales que, ejerciendo su derecho a manifestarse, reclamar o disentir, podrían ser sistemáticamente estudiados, clasificados y neutralizados. Es un modelo que recuerda prácticas autoritarias y reseña un gobierno que prefiere el control del relato antes que el debate democrático.
En este contexto, el rol de los sindicatos y de las asociaciones de jubilados adquiere una dimensión política crítica: su monitoreo no surge por vínculos con el delito, sino por su capacidad de movilización social y denuncia pública. Y es justamente esa fuerza civil la que pone en jaque la narrativa oficial, generando su consideración como “riesgo”.
El tono de esta inteligencia no es simplemente preventivo: se percibe como una herramienta punitiva del discurso político. De ser el servicio encargado de proteger al Estado, la SIDE se transforma en un órgano de presión psicológica y censura indirecta. Los informes internos podrían servir para anticipar represalias administrativamente o para desalentar movilizaciones legítimas.
La incertidumbre pesa: nadie sabe hasta dónde llega ese control invisible. ¿Qué criterios aplican para elegir a quiénes vigilan? ¿Hasta qué punto la SIDE se superpone a los derechos de mobilización y expresión? La opacidad del sistema y el silencio oficial solo profundizan la desconfianza.
La nota de La Nación, firmada por Hugo Alconada Mon, expone esta realidad con datos concretos, pero también deja espacio para la reflexión crítica: frente a un Estado que redefine su función, se impone alertar sobre el peligro de que el aparato de inteligencia se convierta en el garante del relato dominante, y en el perseguidor de la disidencia social. La SIDE ya no espía terroristas o redes transnacionales: apunta a la ciudadanía organizada. Y eso, en democracia, debería resultar alarmante.
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